La causa que inició el municipio regresó al juzgado local, que había ordenado la restitución del predio. La defensa de la comunidad presentó múltiples recursos, pero agotó las instancias judiciales para impedirlo. El magistrado podría disponer el retiro voluntario de los ocupantes y, si no se concreta, avanzar con el desalojo.
Luego de un extenso recorrido judicial, la causa que ordena restituir a la Municipalidad de Villa La Angostura un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso regresó al juzgado local. La comunidad mapuche Paicil Antriao no logró revertir la sentencia que obliga a devolver el predio, después de que sus planteos fueran rechazados en las distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El expediente quedó nuevamente en manos del juez Francisco Astoul Bonorino, quien deberá avanzar con la ejecución de la sentencia favorable al municipio. El magistrado podría intimar a los ocupantes a retirar voluntariamente sus pertenencias y restituir el inmueble. Si no cumplen, podrá disponer las medidas necesarias para concretar el desalojo, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
El municipio denunció a integrantes de la comunidad por permanecer en el camping una vez finalizado el período de concesión, que venció en 2011. Desde entonces, la disputa atravesó más de 15 años de litigio y se convirtió en uno de los conflictos territoriales más prolongados de Villa La Angostura.
La Justicia reconoció el derecho del municipio a recuperar el establecimiento, aunque los distintos recursos presentados por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a la comunidad, demoraron la ejecución de la sentencia.
Se trata de la misma comunidad que se instaló en la traza de la ruta de Circunvalación que se construye en Villa La Angostura y cuyos integrantes serán reubicados por el gobierno neuquino para permitir la continuidad de la obra.
Los integrantes de Paicil Antriao mantienen, además, otros conflictos territoriales sin resolver, tanto con organismos públicos como con particulares.
El camping está ubicado sobre la costa del lago Correntoso, aproximadamente a ocho kilómetros del centro de la localidad. Se trata de un predio que pertenecía a la administración municipal y que era explotado mediante una concesión.
Hugo Montes y Sofía Antriao, integrantes de la comunidad mapuche, habían sido concesionarios del establecimiento. Al finalizar el contrato, debían devolver la administración del camping al municipio, pero a fines de 2011 no restituyeron el predio.
En ese momento plantearon una reivindicación territorial basada en la preexistencia de sus familiares y antepasados en esas tierras. La comunidad sostuvo que el lugar formaba parte de su territorio ancestral.
Uno de los antecedentes históricos incorporados al litigio fue la donación de tierras realizada en abril de 1951 por José Victoriano Antriao a la entonces Comisión de Fomento de Villa La Angostura. Ese documento fue analizado durante el proceso, pero los tribunales concluyeron que no acreditaba la posesión ancestral invocada por la comunidad sobre el sector del camping.
Durante el desarrollo del conflicto, el intendente Javier Murer llegó a proponer una nueva concesión del establecimiento a la comunidad para garantizar la prestación de servicios durante la temporada de verano. Sin embargo, la resistencia social a la iniciativa obligó al jefe comunal a desistir del proyecto.
Ante la falta de restitución del inmueble, la Municipalidad inició una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad. La demanda fue presentada entre 2012 y 2013 y estuvo inicialmente a cargo del juez Jorge Videla, quien se apartó de la causa luego de un planteo de recusación. El expediente pasó entonces al Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, donde intervino el magistrado Andrés Luchino.
El 11 de diciembre de 2019, Luchino dictó una sentencia favorable al municipio y ordenó a los ocupantes devolver el camping. La resolución rechazó los argumentos de la comunidad y consideró que no se había demostrado la posesión ancestral invocada sobre el inmueble. También analizó la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena y concluyó que no estaban acreditados los presupuestos necesarios para reconocer una ocupación tradicional y actual del predio.
La comunidad apeló la decisión y consiguió que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de Neuquén revocara el fallo. Sin embargo, la controversia no terminó allí.
El 11 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó el pronunciamiento de la Cámara y restableció la sentencia de primera instancia. De esa manera, el máximo tribunal provincial ratificó la obligación de la comunidad Paicil Antriao de restituir el camping a la Municipalidad de Villa La Angostura.
La resolución fue un punto de inflexión en un litigio que llevaba más de una década. El tribunal consideró que no se había acreditado suficientemente la posesión ancestral reivindicada ni que existieran pruebas de una utilización comunitaria tradicional del inmueble. También evaluó los antecedentes documentales sobre la donación de tierras de 1951 y concluyó que no alcanzaban para respaldar los derechos invocados por los ocupantes.
Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la comunidad intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por el máximo tribunal neuquino, y posteriormente acudió en queja ante la Corte.
El 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema rechazó ese planteo. De esa manera, quedó firme la sentencia que ordena restituir el camping al municipio. El máximo tribunal nacional no dictó un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino que desestimó la posibilidad de revisar el fallo provincial a través del recurso presentado.
En paralelo, se desarrolló otra discusión procesal sobre el juzgado que debía intervenir en la ejecución de la sentencia. El 27 de diciembre de 2024, el juez Santiago Montorfano, del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, había dispuesto remitir las actuaciones a Villa La Angostura para que el magistrado local pudiera avanzar con la restitución del inmueble.
La comunidad cuestionó esa decisión mediante distintos recursos. Sin embargo, el 3 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia rechazó los planteos y confirmó el traslado del expediente. Posteriormente, el 5 de octubre, también desestimó un recurso extraordinario federal presentado contra esa decisión.
Mientras se desarrollaban las últimas instancias judiciales, el municipio y la comunidad intentaron encontrar una salida negociada al conflicto.
En junio de 2025, ambas partes acordaron abrir una instancia de conciliación, que fue homologada por la Justicia. La negociación no se limitaba al camping: también contemplaba otro terreno lindero, ocupado por integrantes de la comunidad y reclamado por la Municipalidad.
La intención era alcanzar un entendimiento que permitiera resolver ambas controversias sin necesidad de avanzar con medidas de ejecución judicial.
Sin embargo, transcurrió aproximadamente un año sin que las partes consiguieran un acuerdo. El 22 de junio de 2026, el magistrado dio por finalizada la instancia de conciliación y dispuso la continuidad del proceso.
Con la sentencia firme y los recursos judiciales agotados, el expediente regresó al juzgado local. Ahora, la Municipalidad quedó en condiciones de avanzar con la recuperación del camping, aunque todavía resta que el magistrado disponga las medidas concretas para ejecutar la restitución.